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A
lo largo de este año hemos vivido la invasión y
posterior ocupación de Irak,que los EE.UU han querido justificar
con la doctrina de los “ataques preventivos”; un eufemismo
que, en realidad, no es más que otra forma de llamar a
las guerras ofensivas. El Gobierno español no sólo
se ha adherido desde el principio a la política militarista
de los dirigentes norteamericanos, sino que recientemente ha hecho
también suya la idea de los “ataques preventivos”,
rebautizados por el Presidente Aznar como “acciones anticipatorias”.
Esta apuesta del Gobierno español por una política
exterior agresiva y militarista no es puramente retórica,
sino que se traduce en un incremento del gasto militar, que afecta
especialmente a los fondos destinados a I+D+i. Así, este
año, como ya viene ocurriendo desde hace un tiempo, el
desarrollo y fabricación de nuevas armas ofensivas se lleva
la parte del león de los Presupuestos que el Estado dice
dedicar a I+D+i (ver Informe
2004 de I+D española de esta campaña), en
detrimento de la investigación con fines civiles. Y es
que, como ya se ha visto en Irak, la constante “innovación”
de los sistemas de armamento es una actividad clave en la era
de los “ataques preventivos”.
Ante
esta realidad, en la Campaña “Por la Paz: ¡No
a la investigación militar!” creemos que la comunidad
científica no puede permanecer ni silenciosa ni pasiva.
Hasta
el momento, en los tres años que lleva viva la Campaña
hemos conseguido que cientos de investigadores se declaren objetores
científicos, comprometiéndose a no colaborar en
ninguna investigación con carácter militar, y que
doce universidades del estado incorporen en sus Estatutos la apuesta
por la paz y el rechazo a la I+D militar. Ahora que se están
debatiendo los Presupuestos Generales del Estado para 2004, creemos
que ha llegado el momento de dirigirnos a toda la comunidad científica
del estado y a todas las personas vinculadas al ámbito
de la I+D para que se pronuncien por un cambio en la orientación
de los Presupuestos de I+D y en las prioridades de la política
científica española, desde los fines militares a
los civiles. Por ello, te invitamos a firmar el siguiente manifiesto.
Un tercio del presupuesto
del estado español dedicado a ciencia y tecnología se destina a
financiar gastos militares. El 65% de las inversiones de 2003 en
los principales programas para desarrollar armamento (avión de combate
Eurofighter, fragatas F-100, carros de combate Leopard y avión A-400M)
procede de fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y más
del 90% de ese presupuesto corresponde exclusivamente a gastos de
fabricación de dicho armamento.
El pasado 5 de septiembre,
el Consejo de Ministros aprobó un plan para comprar armas por valor
de 4.176 millones de euros, que incluye: 24 helicópteros Tigre,
cuatro submarinos, un buque para 1200 soldados y 212 vehículos de
combate Pizarro. Este plan se financiará mediante la venta de terrenos
militares y fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Según el informe elaborado
por la Fundació per la Pau y la Campaña “Por la paz, no a
la investigación militar”, el proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2004 destina 1371 millones de euros a investigación
militar (más del 31% del gasto total para I+D): la mayoría de estos
recursos irán a parar al diseño y construcción de once tipos de
armamento. Esta cifra triplica la dedicada a investigación científica
básica (fuente principal de financiación de las Universidades y
el CSIC), septuplica la de investigación sanitaria, es 27 veces
la de investigación agraria y 38 veces la dedicada a investigación
oceanográfica y pesquera. Tan sólo cinco empresas vinculadas a la
industria militar (EADS-CASA, Santa Bárbara Sistemas, SENER, Izar
e ITP) se llevan el doble de dinero del que reciben en conjunto
todas las Universidades españolas y el CSIC, para I+D civil.
Mientras la inversión
en Ciencia y Tecnología se mantiene casi inalterada desde el comienzo
de los noventa, correspondiendo en el año 2003 al 0,96 % del PIB
(frente al 1,9% de la media de la Unión Europea), la inversión de
dinero público en I+D militar se ha cuadruplicado en los últimos
ocho años. Si se descuenta del porcentaje de inversión dedicado
a Ciencia y Tecnología la parte que corresponde a fabricación de
equipos militares, que como es obvio no debería incluirse en este
concepto, la cifra real queda aproximadamente en el 0,75% del PIB
español, lo que nos sitúa a la cola del conjunto de países de la
Europa comunitaria. Según el informe sobre la situación de la Ciencia
y la Tecnología en España, recientemente elaborado por investigadores
del CSIC, al ritmo actual de crecimiento, España tardaría 50 años
en alcanzar la media de la OCDE y 100 años en lograr el objetivo
de gasto en I+D (3% del PIB) acordado por los gobiernos de la UE
para el 2010.
La investigación es,
sin duda, un valor social imprescindible que debe repercutir en
el bienestar de la sociedad que la sustenta. Sin embargo, la política
de inversión en I+D de los últimos años ha sido víctima, al igual
que el resto de inversiones sociales en nuestro país (sanidad, educación,
atención a ancianos y protección social en general) de un abandono
inaceptable y peligroso. Todo ello fomenta el avance de un tipo
de sociedad cada vez más injusta e insolidaria, donde cada cual
vale por lo que posee y en la que se considera prioritario generar
miedo y armamento para defenderse antes que producir conocimiento
y bienestar para vivir en paz.
Como
personas vinculadas al ámbito de la I+D española queremos manifestar:
1. Nuestro desacuerdo con el continuo
incremento de la inversión de fondos públicos para la fabricación
y adquisición de armamento militar.
2.
Nuestra más rotunda oposición
a que esas inversiones se financien con presupuestos correspondientes
al Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que supone un gravísimo
perjuicio para el ya deteriorado panorama de la investigación
científica en nuestro país.
3. Nuestra exigencia de que no
se trate de burlar a la comunidad científica y engañar a la sociedad
en general, mezclando partidas de investigación y gastos militares
con el único objetivo de ocultar a la ciudadanía el total desinterés
del gobierno de la nación por el desarrollo científico, tecnológico
y social de nuestro país.
4. Nuestra firme convicción de
que cualquier política que pretenda disminuir el gasto público,
a fuerza de vaciar el contenido social, de educación y de búsqueda
de conocimiento, fomentará el lado más oscuro de la convivencia
e hipotecará el bienestar de las generaciones futuras.
5. Nuestra exigencia de que el
gobierno español se comprometa decididamente a reducir los gastos
en I+D+I militar, procediendo al aumento progresivo de los fondos
destinados a investigación con fines exclusivamente civiles hasta
alcanzar una convergencia real con las cifras de la Unión Europea.
6. Nuestra intención de exigir
con responsabilidad, como depositarios del esfuerzo común de la
sociedad española, y por todos los medios a nuestro alcance, que
la investigación científica sea tratada por el poder ejecutivo
de nuestro país con la importancia que merece la tarea de generar
conocimiento y su aplicación con fines sociales. Asimismo, nos
comprometemos a realizar el máximo esfuerzo, individual y colectivo,
para dar a conocer a la sociedad el abandono en que se encuentra
el sistema de I+D español y las repercusiones que ello tendrá
sobre el bienestar económico y social de la ciudadanía.
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